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Política diferencial

Gobierno estableció que hogares de menores ingresos mantengan precio de recarga de garrafa de supergás

Publicado: 31.01.2018

El nuevo precio de recarga de la garrafa de 13 kilogramos, que entrará en vigencia este jueves, no aplicará para los hogares que hoy cuenten con la Tarjeta Uruguay Social, que perciben Asignaciones Familiares del Plan de Equidad o del Banco de Previsión Social (1.er escalón de ingresos) ni para personas beneficiarias de Asistencia a la Vejez, según indica el comunicado del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Pie de foto: Ministerio de Industria, Energía y Minería

El informe del Ministerio de Industria, Energía y Minería detalla que desde el 1.º de febrero el precio de recarga de la garrafa de 13 kilogramos será de 565 pesos, por lo cual estos beneficiarios recibirán una devolución de 74 pesos. Para ello, cada vez que se realice esa operación, se deberá conservar la factura de compra y llamar antes de las 48 horas hábiles a los siguientes teléfonos para gestionar la devolución: 

0800 1931 (llamada gratuita desde línea fija)

*1931 (llamada gratuita desde celulares Antel)

El horario de recepción de llamadas es de lunes a viernes de 9.00 a 19.00.

Allí se le informará al beneficiario cómo y cuándo recibirá el reintegro del dinero. Al momento de llamar, se deberá brindar la siguiente información: datos de la factura de recarga de la garrafa, realizada a partir del 1.º de febrero, nombre del titular del beneficio y número de cédula de identidad uruguaya de este, indica el comunicado oficial.

El mencionado procedimiento de reembolso de la diferencia en el precio para los beneficiarios regirá durante un período inicial. Se está trabajando para que en los próximos meses el acceso al beneficio se efectivice al momento de la recarga.

Cada hogar beneficiario podrá recargar un máximo de hasta 12 garrafas al precio de 491 pesos durante el 2018 y se podrán realizar hasta un total de tres recargas por mes.

Esta medida fue desarrollada en conjunto por el Ministerio de Industria y Ancap, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y el Banco de Previsión Social, como parte de la política energética dirigida a los sectores de menores recursos.

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