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Concientización del problema

Uruguay atendió este año 285 situaciones de explotación infantil y actualizó su plan nacional de acción

Publicado: 07.12.2016

El presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, Luis Purtscher, destacó que Uruguay pasó de negar la situación hace 10 años, lapso en el que se constataban apenas 20 casos cada tres años, a comprender que es un problema que se expresa en todo el país. Este 2016 se abordaron 285 situaciones y se actualizó el plan de acción.
Presentación de balance de situación en el Día Nacional por la Erradicación de la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes
Pie de foto: Presentación de balance de situación en el Día Nacional por la Erradicación de la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes

En el marco de un breve diagnóstico con motivo del Día Nacional de Lucha Contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, Purtscher dijo que Uruguay pasó en poco tiempo de negar el tema y registrar 20 situaciones entre 2007 y 2009) a comprender que es un problema que se expresa a lo largo y a lo ancho del país, que se agrava según épocas del año.

Este año se atendieron 285 situaciones, en una modalidad de cercanía, no todas ellas judicializadas, precisó.

“Los operadores de las distintas instituciones y organizaciones ahora sabemos mirar más y mejor cómo se expresa el problema”, indicó.

“En algunos puntos del país, como Paysandú o en la zona oeste de Montevideo, muchos vecinos se juntan para buscar soluciones en conjunto con las autoridades, pues sin las comunidades organizadas el tema es muy difícil de abordar”, relató.

Purtscher, quien es funcionario del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), dijo que la explotación infantil tiene diversas características, como es el caso de la frontera seca que es permeable, lo cual facilita fragilidades y formas de explotación”.

“También se da en la frontera húmeda, a través de los puentes y en lo que es el pasaje directo a otro país “con mínimos esfuerzos”, añadió.

Otra zona compleja en este tema son las áreas de sol y playa en el periodo estival, en contextos vinculados al tránsito de mercancías y en lugares donde el transporte hace sus paradas. Purtscher indicó inciden además los grandes emprendimientos económicos por generar cambios profundos en la forma de pensar, sentir y hacer de sus poblaciones.

En cuanto al perfil de los niños y niñas explotadas, el experto señaló que, generalmente, se trata de mujeres a partir de los 13 años y de bajos recursos. “Suelen provenir de otras formas previas de abuso”, añadió.

En cuanto al rol de los padres, aseguró que a veces son parte del problema. “La familia nuclear hace tiempo que se transformó en otros arreglos y en muchos casos hay responsabilidades de los adultos más cercanos”, indicó.

En ese sentido recordó que proviene de un problema que se da en el mundo y que tiene causas estructurales en el lenguaje, lo simbólico, en el machismo y el patriarcado. “Se genera y se reproducen estas formas de explotación del mundo adulto masculino dominante sobre niños y adolescentes”, agregó.

Purtscher afirmó que las formas de intervenir son diversas, teniendo en cuenta que en ocasiones actúa la Justicia que es quien determina la forma de amparo y protección. Desde el INAU y los equipos itinerantes se toma contacto con la situación y comienzan a trabajar con el niño intentando develar el tema de la explotación, que muchas veces deriva de situaciones continuas de violencia.

Insistió en el papel importante que cumplen, por ejemplo, los educadores y los profesionales de la salud, quienes son capaces de percibir situaciones de abandono o de un determinado vínculo con sus compañeros. “Los maestros y profesores saben mirar el problema y muchas veces la escuela o el liceo es la primer fuente de donde proviene la denuncia”, indicó.

Por su parte, la presidenta del INAU, Marisa Lindner, se refirió a la importancia de que la justicia reconozca la voz de las niñas y adolescentes, pero también que las proteja como testigos. Recalcó la importancia de contar con las denuncias de distintos agentes sociales que rodean a esta población.

“Estos temas sueles asociarse a redes de explotación que generan riesgo extremo y difícil salida para las personas que son captadas. Por ende, los asuntos de seguridad, desde lo que es el momento de judicializar el problema y el posterior tratamiento dentro del sistema de justicia, es importante.

Como INAU, los estamos incluyendo en los marcos normativos que hoy están en discusión en el Parlamento como la Ley de Trata y la Ley Integral de Violencia de Género”, indicó.

Lindner entiende que las víctimas deben tener aseguradas las redes de contención y la salida de esos procesos. Hay una etapa de acompañamiento que los equipos deben evaluar para que la judicialización no sea una revictimización y un nuevo fracaso, sino una reparación de daño”, agregó.

Las vías de denuncia son varias: en cualquier institución pública incluida la escuela, o en forma anónima a través del 0800 5050.        

El Plan
El INAU presidió la presentación del II Plan Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes 2016-2021, realizado en el marco del “Día Nacional” asignado por la vía de una resolución del Poder Ejecutivo como fecha de reflexión sobre el tema.

El documento fue elaborado por el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) compuesto por los ministerios de Educación y Cultura, de Salud Pública, del Interior y de Turismo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Administración Nacional de la Educación Pública, entre otras.

También cuenta con el asesoramiento de organizaciones como el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolecentes y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y cuenta con organismos invitados.

Esta actualización propone 100 acciones de lucha contra la explotación sexual comercial y tiene como valor agregado el haber sido elaborado con la participación de distintas instituciones y de representantes de la sociedad civil organizada.

Aborda acciones vinculadas a la prevención, la promoción de derechos, el monitoreo y la evaluación de los distintos componentes del programa, un avance en la creación y sistematización del conocimiento, con la responsabilidad puntual de cada una de las instituciones.

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