Gobierno ampliará del 50 al 75 % el alcance de productores que podrán rebajar contribución inmobiliaria rural
El ministro Benech anunció cuatro medidas para el sector agropecuario. Consisten en enviar un proyecto de ley para que el 75 % de los productores rebajen la contribución inmobiliaria rural, disminuir el costo del seguro a los agricultores afectados por déficit hídrico, rebajar el precio del gasoil a 500 apicultores y posibilitar el uso de certificados de créditos fiscales para pagar a instituciones públicas y la banca privada.
El titular de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, en conferencia, este miércoles 15, en la sede de la dependencia que dirige, notificó que la primera medida fue enviar un proyecto de ley para rebajar la contribución inmobiliaria rural a 38.000 nuevos productores agropecuarios. Dicha medida alcanzaba anteriormente al 50 % del sector; con esta nueva extensión se abarca al 75 % de la totalidad de los productores agropecuarios.
La segunda consiste en un proyecto de ley sobre un beneficio fiscal para agricultores que aseguren la implantación de sus cultivos extensivos. Admitirá contabilizar por 1,5 el costo de los seguros en el caso de los productores que tributan por el impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE). Además establece, para productores que tributen por el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios (Imeba), un crédito fiscal equivalente al beneficio que reciben los contribuyentes del IRAE.
La tercera medida que informó el secretario de Estado es rebajar un 18,3 % el precio del gasoil a 500 apicultores que tributen por el Imeba. Por lo tanto, estos productores se suman a los ganaderos, arroceros, lecheros y hortifruticultores, que ya estaban con el beneficio otorgado por parte del Poder Ejecutivo.
Finalmente, la cuarta medida que anunció fue originada en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas y alcanza a los productores que cuentan con créditos fiscales, que pueden utilizar los certificados para pagar a la Dirección General Impositiva (DGI), al Banco de Previsión Social (BPS), al Banco de la República (BROU), a la UTE, a Ancap, a Antel, a la OSE, al Banco de Seguros del Estado (BSE) y al sistema financiero. Dichos créditos suman 50 millones de dólares.