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Apelación impulsada por el Gobierno uruguayo finalizó con la condena de represores por parte de un tribunal de apelaciones italiano

Publicado: 08.07.2019 18:26h.

Tras la orden del presidente Vázquez, y a instancia del secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, los legajos debidamente reproducidos y aportados al proceso en la etapa de apelación fueron los pilares de la decisión de Tribunal de Apelaciones italiano para revocar la sentencia de primera instancia y condenar a todos los procesados, dijo el prosecretario, Juan Andrés Roballo, a la Secretaría de Comunicación Institucional.
Torre Ejecutiva
Pie de foto: Torre Ejecutiva

Este lunes 8 se conoció la sentencia de segunda instancia que condena a cadena perpetua a un jerarca civil y doce militares uruguayos por delitos de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos de nacionalidad italiana, en el marco del Plan Cóndor. En primera instancia, solamente uno de los trece acusados había sido condenado y la acción de la Presidencia de la República en la Justicia italiana accionó la apelación.

En diálogo con la Secretaría de Comunicación Institucional, Roballo indicó que las sentencias de los tribunales uruguayos y los legajos aportados en la apelación, que llevó a Roma Toma por orden del presidente Vázquez, “construyeron los pilares de la decisión del Tribunal de Apelaciones para revocar la sentencia de primera instancia y condenar, ahora sí, a todos los procesados”.

Roballo destacó el trabajo permanente de las organizaciones sociales y políticas en materia de derechos humanos.

Sentencia del Tribunal de Apelaciones italiano

COMUNICADO DE PRENSA

Sentencia de segunda instancia por los crímenes del Plan Cóndor contra víctimas uruguayas

La sentencia de apelación pronunciada hoy por crímenes de lesa humanidad, de los cuales fueron víctimas durante la dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1978, ciudadanos italianos y uruguayos, invierte totalmente la sentencia de primera instancia en la cual 13 imputados habían sido absueltos y uno solo condenado.

En esta segunda instancia, fueron condenados a prisión perpetua todos los imputados por homicidios agravados, a saber: Juan Carlos Blanco, José Gavazzo Pereira, José Ricardo Arab Fernández, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Avelino Ramas Pereira, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, Ricardo José Medina Blanco, Luis Alfredo Maurente Mata, José Felipe Sande Lima, Ernesto Soca, Pedro Antonio Mato Narbondo, Jorge Tróccoli Fernández y Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray.

El presente fallo constituye un resultado óptimo de justicia y reconstrucción de la verdad sobre la modalidad con la que las fuerzas represivas de la dictadura golpeaban a las fuerzas democráticas y a los disidentes políticos.

La decisión adoptada por los jueces de segunda instancia representa, además, una respuesta de justicia para los familiares de las víctimas y para las instituciones y la sociedad uruguaya en su conjunto, en la medida en que todos los imputados fueron considerados responsables de los secuestros y de los homicidios de los que fueron acusados.

Entre los condenados está el exjefe del S2 (servicio de inteligencia) del FUSNA, Jorge Tróccoli Fernández, escapado en 2007 para evitar el proceso en Uruguay. El proceso de apelación logró demostrar que en la fase de planificación de los homicidios consumados de mayo a octubre de 1978 por personal de la Armada uruguaya, en acuerdo con la ESMA argentina, Tróccoli tuvo un rol central. En la fase ejecutiva, el acusado desempeñó funciones de conexión y coordinación de las operaciones en el ESMA de Buenos Aires y, contemporáneamente, en la plana mayor de la Armada uruguaya y en el S2 del FUSNA. El proceso de apelación hizo, además, emerger una relación directa con el genocida argentino Alfredo Astiz.

Entre los condenados hay también oficiales de la Oficina III del SID, acusados de haber asesinado y hecho desaparecer militantes del PVP en 1976, entre los cuales se encuentra el represor José Gavazzo. El proceso de apelación y las nuevas pruebas en su contra han demostrado que Gavazzo, en 1976, dirigía desde Uruguay las operaciones denominadas Cóndor como jefe. Una documentación irrefutable, considerada por la Corte de Roma “relevante y nueva”.

El resultado procesal fue fruto del esfuerzo y trabajo colectivo de la Presidencia de la Repúblia Oriental del Uruguay, como parte civil, en la persona del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y del abogado representante de nuestro país, Andrea Speranzoni. Asimismo, han cumplido una gran labor la Fiscalía General de Roma y la Fiscalía Ordinaria de Roma, en las personas de los fiscales Tiziana Cugini y Francesco Mollace. Un resultado judicial que conjuga justicia y memoria colectiva.

Ahora es necesario asegurar el resultado obtenido a través de la probable y última instancia, constituida por el eventual juicio en la Corte de Casación (equivalente a la Suprema Corte de Justicia).

Por otra parte, la sentencia de apelación confirma que en América Latina en los años setenta y ochenta operó el Plan Cóndor, una organización criminal transnacional compuesta por los vértices de inteligencia militar, que asesinó a miles de ciudadanos, sindicalistas y militantes de diversos partidos políticos y de oposición a las dictaduras que se habían instalado, a través de la violencia, en el Cono Sur.

Finalmente, el proceso de apelación ha demostrado, por primera vez, el nivel criminal del acusado José Gavazzo, definido en los nuevos documentos y pruebas producidas por la Presidencia de la República Oriental del Uruguay en octubre de 2018 y admitidas por la Corte de Roma como “jefe de la operación Cóndor por parte de Uruguay”. Esta nueva documentación de procedencia militar (ex Oficina III del SID) revela los vínculos internacionales del genocida Gavazzo en el ámbito de la coordinación de las operaciones en Argentina.

Podemos concluir que hoy es un día feliz para la democracia y la justicia, como también para reafirmar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que nunca quedarán impunes.

Si bien lo logrado en esta segunda instancia pauta el compromiso de la Presidencia de la República en la lucha contra los represores y violadores de derechos humanos, se destaca que la labor y este compromiso continúan a nivel nacional.

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