Convenio interinstitucional

Privados de libertad acceden a atención odontológica como garantía de reinserción social

Un acuerdo firmado entre los ministerios de Salud Pública y de Interior, ASSE y la Facultad de Odontología permitirá a personas privadas de libertad recibir atención odontológica en el mismo lugar de reclusión. Estudiantes avanzados de la carrera serán quienes prestarán el servicio, en un principio en Punta de Rieles como prueba piloto. El objetivo, además de la salud bucal, es favorecer su reinserción social y laboral.

La presidenta de ASSE, Beatriz Silva, firma el convenio que llevará atención odontológica a personas privadas de libertad
En el marco de una serie de convenios que ya funcionan en materia de salud bucal, los organismos estatales involucrados acordaron trasladar la atención odontológica a las unidades penitenciarias.

El proyecto tendrá su puntapié inicial en Punta de Rieles, como prueba para aceitar su funcionamiento, donde se instalará un laboratorio odontológico para atender a las personas privadas de libertad en cuestiones de urgencia y en tratamientos más prolongados. Se procura así garantizarles una mayor seguridad en materia social y se piensa también en su futura reinserción laboral.

En definitiva, el objetivo mayor es la mejora de la calidad de vida de este segmento de la población uruguaya. 

La iniciativa será posible con la intervención de estudiantes avanzados de la carrera de odontología, lo cual además involucra su faceta de formación. También las personas privadas de libertad podrán capacitarse en el área de laboratorio. Este es otro aporte para la adquisición de conocimientos que faciliten una futura salida laboral.

El personal de seguridad y administrativo que trabaja en el centro penitenciario también podrá acceder a la atención, ya que se les asignará cierta cantidad de cupos.

El Ministerio del Interior suministrará los recursos necesarios para el equipamiento.

Actores involucrados
Participaron de la firma del convenio los ministros Eduardo Bonomi, de Interior, y Susana Muñiz, de Salud Pública, la presidenta del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Beatriz Silva, el prorrector de Enseñanza de la Universidad de la República, Luis Calegari, y el decano de la Facultad de Odontología, Hugo Calabria.

El ministro Bonomi dijo que esta experiencia piloto, que apunta a la mejora de la salud bucal de esta población, se enmarca en una política macro que viene desarrollando su administración en cuanto en la mejora de la calidad de la atención sanitaria de las personas privadas de libertad.

Añadió que se eligió la Unidad Penitenciaria de Punta de Rieles porque toda la población alojada en ese centro tiene condena firme, la mayoría está próxima a obtener su libertad o, en caso de largas sentencias, tienen oportunidades de salidas transitorias para trabajar.

Aseguró que la iniciativa les permitirá elevar su autoestima y los prepara para una mejor salida y reinserción en la sociedad. Bonomi confía en que este proyecto se expanda a otros centros.
 
Por su parte, Muñiz dijo que con este acuerdo se garantiza una vez más la accesibilidad a la salud,  teniendo en cuenta que por estar privadas de libertad estas personas no dejan de tener derecho a la atención sanitaria.

En plan de comparación, la ministra de Salud Pública precisó que en la mayoría de los países ricos no hay accesibilidad gratuita de atención bucal para la población, ya que los costos son por demás elevados. Por esa razón, sostuvo que Uruguay marca un liderazgo en este tema.

A su turno, Silva destacó la visión integradora de la propuesta y las buenas experiencias previas existentes. Dijo que, además de atender la salud bucal de los reclusos, es un buen ámbito para la práctica de los estudiantes.

Calegari hizo referencia a lo que significa para la población privada de libertad contar con una mejor condición de sus piezas dentales, desde lo social y lo laboral.

En tanto, Calabria coincidió con quien lo antecedió en la palabra respecto del valor de la propuesta. Insistió en que la salud bucal es parte del estado de bienestar y las personas sufren cuando no tienen su boca en condiciones.

Además de la salud, este convenio apunta a la autoformación, teniendo en cuenta la oportunidad que se le ofrece a las personas privadas de libertad, puntualizó.

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