Autorización ambiental previa es condición para el inicio de actividad minera en el país
El titular interino de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño, destacó el avance del proyecto de minería de gran porte en el país. Dijo que debe llevarse adelante con las más rigurosas garantías de cuidado medioambiental. Ortuño enfatizó que “no habrá explotación minera sin permisos ambientales”. La firma del contrato con Aratirí es un paso previo que habilita a la DINAMA a realizar los estudios y presentar informes.
Tras el Consejo de Ministros, Edgardo Ortuño, afirmó que Uruguay se preparó y fortaleció en sus capacidades institucionales, equipos técnicos y garantías legales para llevar adelante esta nueva etapa minera que generará fuentes de trabajo y riqueza para el país. Enfatizó que el Gobierno entiende que el proyecto debe llevarse adelante con las más rigurosas garantías del cuidado del medioambiente.
El jerarca dijo que el Gobierno avanza de acuerdo al marco normativo actual y la reforma del Código de Minería que establece mayores controles por parte de las empresas y mayores exigencias en el control y seguimiento de la producción por parte del Estado, acciones que fortalecen a la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE). De esta forma se establecen beneficios adicionales para los recursos económicos que reporta la actividad, así como la reserva de una porción de mineral de hierro para su uso en el país y el desarrollo de otras áreas de la industria nacional.
Explicó que la ley de minería de gran porte establece un contrato de responsabilidades y compromisos que las empresas deben cumplir con claridad. Para avanzar en la transparencia del proyecto de Aratirí se notificó a todos los predios involucrados para que puedan plantear lo que entiendan pertinente, dijo. En tal sentido, se realizan publicaciones en distintos medios expresando cuales son los predios comprendidos en el proyecto; una vez cumplido este paso se estará en condiciones de firmar el contrato en las primeras semanas de febrero. “El contrato incluirá la condición de la aprobación de los permisos ambientales para el comienzo de la explotación minera, por lo que se realizará con los máximos controles ambientales. La autorización ambiental previa es condición para el inicio de la actividad minera en el país”, enfatizó el jerarca.
Los plazos que la DINAMA otorgue para la realización de los controles serán respetados, para garantizar que se lleve adelante el proyecto con las garantías y seguridades técnicas requeridas para un proyecto de esta naturaleza. Ortuño afirmó que los recursos de la minería se reinvertirán en proyectos de educación, infraestructura y diversificación productiva del Uruguay, en particular del interior del país.
Ortuño destacó que la ley estableció los pasos que actualmente están siendo cumplidos. En primer lugar la presentación del proyecto; luego la declaración del proyecto como minería de gran porte; el establecimiento de la información de todos los interesados con la notificación de los padrones afectados en el proyecto; la firma del contrato y avance en la entrega de información; y análisis por parte de los organismos intervinientes. Una vez que todos los estudios y autorizaciones estén otorgados se avanzará en la instrumentación del proyecto y etapa de explotación. En ese sentido, el ministro (i) reiteró que sin autorización ambiental no habrá explotación minera.
Ley define pasos a seguir
Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Bayardi, aclaró, a pedido del Presidente de la República, José Mujica, el motivo por el cual primero se debe firmar el contrato y luego esperar la autorización ambiental por parte de DINAMA.
Enfatizó que los pasos dados se condicen con lo establecido en la ley, donde se indica que primero se establece el proyecto de Aratirí como minería de gran porte; posteriormente la firma del contrato; y luego se aguardarán las autorizaciones ambientales.
El jerarca explicó que la autorización ambiental previa para cualquier empresa que quisiera llevar adelante un proyecto de estas características implica recursos, contratos, análisis, mucho esfuerzo económico para contar con estudios que puedan ser puestos a consideración de quienes tienen que dar las autorizaciones. Bayardi afirmó: “que existan actores políticos que tratan de marear la situación diciendo que no se puede firmar un contrato sin las autorizaciones, no se condice con el texto de la ley”.
Agregó:“nadie se introduciría a desarrollar estudios en profundidad y a responder a los estudios que le reclame la autoridad medioambiental si no tiene la garantía —que una vez que responda a los mismos— podrá llevar adelante la explotación”.