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En diciembre se convoca a licitación para construir cárcel por modalidad PPP

Publicado: 01.12.2012 06:02h.

El director general de secretaria del Ministerio del Interior, Charles Carrera presentó ante empresarios en el “Encuentro para el Desarrollo de Infraestructuras”el proyecto de creación de una Unidad de Personas Privadas de Libertad. El establecimiento contará con 1.960 plazas distribuidas en celdas de mediana y baja seguridad. Los servicios de limpieza, lavandería, alimentación y economato estarán a cargo de contratistas.
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En el marco del evento “Encuentro para el Desarrollo de Infraestructuras” que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva, el Ministerio del Interior y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) expusieron sobre lo que será la nueva Unidad de Personas Privadas de Libertad N.º 1. La disertación estuvo a cargo del director general de la Secretaría del Ministerio, Charles Carrera, y del gerente del proyecto de la CND, Rodrigo Velasco. 


Licitación en los primeros 15 días de diciembre

Carrera informó que en los primeros 15 días de diciembre se convocará a licitación pública para la concreción de esta unidad. Se estima que se dispondrá de unos seis meses para la presentación de ofertas. Asimismo, se alegró por las declaraciones del asesor presidencial, Pedro Buonomo, en las que argumentó que este proyecto de participación público privado debió ser uno de los más rápidos del mundo, “porque ya está por salir a la presentación pública”.  

Recordó que el proyecto se enmarca en la emergencia carcelaria decretada por el Presidente de la República, José Mujica. En ese contexto se debió “mejorar lo mejorable” por un lado, y por otro salir y hacer cosas nuevas. "Embarcarnos en este proyecto es buscar una herramienta económica y jurídica nueva para hacer cosas diferentes. Con esto se logrará terminar con el hacinamiento de presos, al menos en el área metropolitana, contar con un recinto penitenciario con nuevas reglas y reducir la reproducción del delito en el entorno carcelario".  


Espacios laborales, deportivos y educativos 

Velasco explicó que el proyecto consiste en la creación de una nueva unidad con 1.960 plazas que incluye un edificio para el proceso de admisión y clasificación de los reclusos, y supone un lapso de 10 a 12 días para definir a dónde se envía a cada persona. Se aspira a mejorar la distribución de esta población, de acuerdo con sus perfiles. De los 1.960 lugares, 100 son para el proceso de clasificación de reclusos, el resto se dividen en celdas de mediana o baja seguridad para una, tres y cinco personas. Allí se implementará un plan progresivo donde los reclusos van cambiando de lugar, para facilitar el proceso de socialización. 


El tamaño de la unidad se definió en función de la tasa de reclusión que se viene registrando en los últimos tiempos. El local contará con espacios para el desarrollo educativo, laboral, deportivo y social de los internos, ámbitos adecuados para visitas familiares y profesionales, y áreas para la atención de la salud. La inversión estimada ronda los 72.4 millones de dólares. 

El proyecto incluye la contratación de servicios de alimentación, lavandería, limpieza, mantenimiento y reposición. Se procura asegurar la nutrición y que las visitas sean más ordenadas, ya que en muchos casos son las familias quienes se encargan de la alimentación de los reclusos. 


Funcionalidad del diseño al modelo de gestión

Habrá tiendas (economato) con artículos de almacén y se definirá una forma de pago que no implique el manejo de dinero. Así se termina con los espacios de poder entre los internos. Estos productos estarán a la venta por parte de contratistas. La modalidad también supondrá más agilidad en los controles de las visitas y por lo tanto simplifica el trabajo de los guardias y los técnicos, y mejora el entorno laboral. 


En definitiva, el Estado contrata el diseño de la unidad. El pliego contiene un programa arquitectónico basado en la funcionalidad necesaria de acuerdo al modelo de gestión nuevo. Los oferentes tendrán que elaborar un anteproyecto que se evalúa en el proceso licitatorio. El contratista podrá proponer otras actividades para emplear a los presos. El Estado se encarga por Ley de la seguridad de los presos, de los servicios de salud y la rehabilitación. Al final del contrato hay transferencia. El plazo es de veintidós años y medio, veinte de operación y dos y medio para diseño y la construcción.  

La oferta de licitación requiere de tres sobres, en uno van los antecedentes de los oferentes cuya evaluación es binaria; en el sobre dos lleva un puntaje numérico; y en el tercero va la oferta económica. Se paga en unidades indexadas y en forma trimestral. 


Seguridad y reinserción social
El Ministerio paga por la disponibilidad de los espacios, independientemente de que esté ocupado o no. Para que una plaza se considere que no estuvo disponible es porque tuvo un daño claro y no se reparó en los plazos que el pliego establece para ello. Se detecta el daño, se informa al contratista y tiene un plazo para repararlo. Si lo hace se considera que el espacio estuvo disponible, si no lo hace se considera que no lo estuvo y se define el descuento. 

En caso de que ocurra sobrepoblación de ocupantes hay un pago adicional, una especie de multa que se autoimpone el Ministerio para establecer incentivos a que no ocurra. Los gastos de reposición o mantenimiento que no estén incluidos en el programa, pero que es necesario repararlo por mal uso, se hace cargo el Ministerio pero el contratista realiza la reposición. 

“Se está contratando al sector privado la provisión no sustantiva del servicio de rehabilitación de personas en conflicto con la Ley, que sin embargo consumen mucho tiempo al Ministerio en el presente. Todo el tema de cocina, limpieza y mantenimiento desvía la atención de lo que es sustantivo y en lo que el Instituto Nacional de Rehabilitación debe estar concentrado: la seguridad y preparar la reinserción del privado de libertad”, reflexionó Velasco. 

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