Interior y Fiscalía General de la Nación

Policías y fiscales se capacitan para investigar crímenes de lesa humanidad

El Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación capacitan al personal policial y a fiscales en técnicas de investigación de crímenes de lesa humanidad. El ministro Eduardo Bonomi resaltó la creación de una unidad especializada que actúa como auxiliar de la justicia, así como la coordinación que se desarrollará desde 2017, cuando los fiscales pasen a liderar la investigación en lugar de los jueces.

Presentación del ministro del Interior, Eduardo Bonomi

Con la presencia del ministro Bonomi, el fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz; la diputada Macarena Gelman y la integrante de la Fiscalía en Derechos Humanos de Argentina, Nuria Piñol; se realizó el cierre del ciclo-taller sobre crímenes de lesa humanidad.

La referida capacitación tuvo lugar en las instalaciones del Ministerio del Interior durante junio y julio, acerca de técnicas de investigación y aspectos específicos respecto a crímenes de esta tipo. Además, proporcionó herramientas para superar dificultades, tanto logísticas como propias de los crímenes de masa, para investigar delitos de lesa humanidad.

El taller estuvo a cargo de Piñol, quien trabajó intensamente en las causas por violaciones a los derechos humanos perpetrados por la última dictadura en su país (1976-1983).

Además, participaron referentes nacionales como Álvaro Rico, quien documentó la investigación sobre detenidos-desaparecidos por la dictadura en Uruguay (1973-1985), y Alicia Bango, directora del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay.

En la ceremonia de cierre, Bonomi enumeró cuatro aspectos: En primer lugar, la creación de una unidad especializada en crímenes de lesa humanidad en Asuntos Internos del Ministerio del Interior, que actúa como auxiliar de la Justicia. “Es impulsada por organismos de derechos humanos que tratan de tomar medidas hacía el pasado reciente para eliminar dificultades cada vez que se hacía una denuncia en alguna dependencia policial”, explicó.

En segundo orden detalló la actuación conjunta en la investigación por parte de fiscales con la Policía. “Hay una serie de protocolos y estudios que se están haciendo que resultaban necesarios", sostuvo.

En tercer lugar manifestó que Argentina es un “ejemplo” en tratar temas del pasado reciente, desde que finalizó la dictadura, es decir, desde cuando era “mucho más reciente, porque en Uruguay ya pasaron más de 30 años”.

Finalmente, y en cuarto lugar, detalló que este miércoles se colocará una placa conmemorativa en el edificio de la Dirección de Información e Inteligencia Policial. De esta manera, se señalizará el lugar donde se organizó el espionaje y la persecución contra la sociedad y se violaron los derechos humanos en la última dictadura cívico-militar.

Por su parte, Díaz remarcó que el taller contempla una “vieja aspiración” de las organizaciones vinculadas con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente.

“Estamos discutiendo en el Parlamento el nuevo estatuto de los fiscales, que implicará un cambio del paradigma muy importante respecto a sus funciones, imprescindible para hacerse cargo de las investigaciones y llevar adelante una política de persecución penal”, aseguró.

“Si hay un tema en el cual existe la necesidad de una política pública de persecución y de que el Estado tenga una institución especializada en la persecución penal y, al mismo tiempo, una política criminal clara es éste.

La Fiscalía debe tener una línea de política criminal clara en este sentido, en cómo llevar adelante las investigaciones, en cómo agruparlas y en qué casos agruparlas, si por período histórico o por lugar, que hoy no tiene, lamentablemente, estas causas. En Uruguay se llevan a impulsos de los denunciantes”, agregó.

Para concluir, sostuvo: “El Estado debe tener una línea política clara de estrategia de cómo llevar adelante esas investigaciones, como las defensas tienen una política clara y estrategia común. No puede ser que el Estado no tenga una estrategia y política común”.

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