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Gobierno reglamentó tramitación y costo de certificado de antecedentes judiciales

Publicado: 23.01.2020 09:18h.

Toda institución pública o privada del área educativa, de la salud o deportiva y las que impliquen trato directo con niños, adolescentes, personas con discapacidad y mayores en situación de dependencia deberán solicitar a las personas a contratar el Certificado de Antecedentes Judiciales según la Ley n.º 19791, que será a costo del interesado, determinó el Poder Ejecutivo mediante un decreto.
Ministerio del Interior
Pie de foto: Ministerio del Interior

El Gobierno nacional, mediante un decreto firmado el 13 de este mes, instituyó el marco normativo que regula la expedición del Certificado de Antecedentes Judiciales según la Ley n.º 19791, por parte de la Dirección Nacional de Policía Científica en Montevideo y en el interior del país. El costo del trámite, que corre por cuenta del interesado, es de 26 unidades indexadas, unos 110 pesos en la actualidad.

En el certificado se consignará si la persona a ser contratada por instituciones que impliquen trato directo con niños, adolescentes, personas con discapacidad y mayores en situación de dependencia posee o no antecedentes judiciales. Si la institución requiriera el detalle de los antecedentes de la persona, podrá solicitar una ampliación ante la dependencia que expidió el certificado.

Los delitos que se mencionan en el texto son violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal, corrupción, reducción de personas a la esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso, esclavitud sexual, unión matrimonial o concubinaria forzada o servil y prostitución forzada.

Además, en el articulado se determina que en todo el territorio nacional se gestionará el certificado a solicitud de los interesados en forma presencial, quienes deben exhibir su documento de identidad vigente e indicar el destino. Quienes se encuentren fuera del país podrán comenzar el trámite mediante un tercero, con copia del documento de identidad legal vigente y una carta poder tipo, con firma certificada por escribano público.

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