UTE regularizó en 2017 el servicio de más de 4.550 clientes, el doble que hace dos años
“Hoy la energía eléctrica, más que un servicio, es un derecho”, aseguró el titular de UTE, Gonzalo Casaravilla, quien confirmó que este año se regularizaron los servicios eléctricos de más de 4.550 usuarios. En 2016 fueron 3.500 hogares y en 2015 unos 2.000 clientes. Aguarda que en 2018 se llegue a 6.000 y en 2019 a 7.000 usuarios. Dijo que hay que “acompañar” a estas familias, que en muchos casos quieren pagar el servicio.
Casaravilla reseñó que la empresa armó y priorizó, desde hace un tiempo, un proyecto con un equipo técnico especializado en inclusión social que atendiera la regularización de servicios. “Este año redoblamos los esfuerzos y terminaremos el año superando la meta de 4.550 servicios regularizados”, puntualizó.
En rueda de prensa, Casaravilla explicó que UTE asume el costo de hacer transitoriamente las instalaciones hasta que se regularicen planos y se dé el reasentamiento. “Tenemos que acompañar, porque hoy la energía eléctrica, más que un servicio, es un derecho”, agregó. “Esto solos no lo podemos hacer, por eso coordinamos con todos los actores en el territorio. Así como en electrificación rural trabajamos en equipo, está bueno que le demos esta dimensión a temas de inclusión”, afirmó.
En 2015 se formalizaron unos 2.000, en 2016 fueron 3.500 clientes. Para 2018 se planificó la regularización de 6.000 usuarios y de 7.000 para el siguiente. En total, hay unos 66.000 servicios identificados que requieren regularización, sostuvo Casaravilla.
Como parte de esta, el martes 12 se inauguraron el servicio en el barrio Benedetti, de Maldonado, para 200 familias. “Hay que ver cómo les cambia la vida. Son familias que viven en un asentamiento, pero que muchas veces quieren pagar el servicio eléctrico”, apuntó.
Casaravilla aclaró que UTE no hará lo que se estila en algunos países sudamericanos, que ponen las redes de baja tensión por arriba de las de alta tensión de modo tal que quien procure subirse a la columna muera. “Eso no lo vamos a hacer. Son métodos drásticos que van contra la vida de seres humanos”, puntualizó.
Separó la inclusión social del robo de energía. “Eso lo abordamos con todas las herramientas que tenemos. Incluso con la Facultad de Ingeniería tenemos un trabajo interesante para detectar fugas no técnicas en lugares densamente poblados”, explicó. “Presentamos unos 1.000 casos por año, y algunos son procesados”, agregó.