ONU reconoció a Uruguay por su avance en derechos sociales y redistribución de la riqueza
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU elogió los avances logrados por Uruguay en los últimos años en materia de igualdad de derechos, equidad social y redistribución de la riqueza. El informe presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia contiene, además, una serie de desafíos en diversas áreas, a partir de las cuales el foro mundial realizará recomendaciones.
Uruguay es uno de los estados que ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, como tal, debe presentar informes periódicos que releven la situación del país en estas áreas. El comité de esta agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está compuesto por 18 expertos internacionales independientes.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales felicitó a la delegación de Uruguay por las características del informe presentado en las sesiones del 31 de mayo y el 1.° de este mes, señaló el secretario de Derechos Humanos de la Presidencia, Nelson Villarreal, en diálogo con la Secretaria de Comunicación Institucional.
Los evaluadores de la ONU reconocieron a Uruguay como “un estado social” y consideraron que demostró grandes avances en áreas como la económica, que se caracteriza por contar con un enfoque distributivo, así como en el cumplimiento de la agenda de derechos, por ejemplo, del colectivo lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersex (LGBTI), según detalló.
El documento presentado enumera una serie de desafíos para el país, como dar continuidad a la reducción de la pobreza, mejorar el acceso a la vivienda o ampliar la generación de oportunidades para la inserción laboral de la población afrodescendiente. Villarreal aseguró que, una vez recibidas las recomendaciones del comité, “Uruguay se pondrá nuevos objetivos”.
Políticas públicas con enfoque de derechos humanos
La Secretaría de Derechos Humanos firmó el martes 13 un acuerdo de cooperación en la materia con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través del cual esa cartera facilitará la participación de 10 horas semanales de una profesional en la temática ambiental.
Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos brindará acceso a la documentación necesaria para desarrollar acciones conjuntas con esa cartera.
Ambas partes definieron un módulo de derechos humanos para capacitar a funcionarios a través de módulos formales de la Oficina Nacional de Servicio Civil e identificarán oportunidades para generar iniciativas que promuevan los derechos humanos, el cambio climático y oportunidades de financiamiento. Esos cursos, impartidos para funcionarios de dependencias públicas, comenzaron el 5 de este mes e incluyen una carga de 31 horas, 21 presenciales y 10 virtuales.
“Tenemos como objetivo la transversalidad del enfoque de derechos en la política pública”, explicó Villarreal. Añadió que se busca “lograr una visión integral que guíe a la visión estratégica de la política de derechos humanos del estado y, a la vez, la efectividad de resultados que tiene medir, así como acrecentar la capacidad de garantizar los derechos humanos desde las políticas”.