Uruguay ratificó su compromiso con los derechos humanos en su tercer examen periódico universal ante ONU
Uruguay ratificó el carácter central y transversal de los derechos humanos en sus políticas públicas, con foco en las necesidades de los grupos sociales más vulnerables y la promoción de la participación constructiva de la sociedad civil. El informe reitera la plena colaboración del país con el mecanismo del examen periódico universal en la materia, cuyo tercer ciclo se realizó este miércoles 23 en la sede de ONU en Ginebra.
Según un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se realizó el tercer ciclo del examen periódico universal (EPU) de Uruguay ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra.
El EPU es el principal mecanismo con que cuenta el sistema universal de protección de los derechos humanos para examinar la vigencia de estos en el mundo y el respeto de las obligaciones asumidas por todos los países miembros de la ONU en la materia. Las dos revisiones anteriores correspondientes a Uruguay tuvieron lugar en 2009 y 2014, y se presentaron, además, dos informes voluntarios de mitad de término en 2012 y 2015.
A cargo del informe estuvo una delegación presidida por el vicecanciller Ariel Bergamino e integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los ministerios de Desarrollo Social, de Salud Pública, del Interior y de Educación y Cultura, de la Administración Nacional de la Educación Pública, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y de la Intendencia de Montevideo.
También integraron la delegación representantes del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario y de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay.
Durante su presentación de apertura, Bergamino ratificó la plena colaboración del Gobierno uruguayo con el mecanismo del EPU y el carácter central y transversal de los derechos humanos en todas las políticas públicas del país.
Subrayó la especial preocupación por atender las necesidades de los grupos más vulnerables y reconoció la participación constructiva de la sociedad civil en el diseño e implementación de las políticas públicas en la materia.
Igualmente, la delegación uruguaya destacó, como principales avances, la adopción de un importante número de leyes, entre las que destacan una contra la violencia de género, de prevención y combate a la trata de personas, de creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, de promoción del trabajo para personas con discapacidad, de promoción del desarrollo con equidad de género, norma integral para personas trans y la de reconocimiento y protección al apátrida, entre otras.
También puso de relieve el rol protagónico de las políticas sociales en la reducción sostenida de la pobreza, lo cual permitió alcanzar mínimos históricos al respecto, así como el fortalecimiento de la institucionalidad en materia de migración y refugio, basada en un marco normativo de reconocimiento y el pleno respeto de los derechos de estas personas. Se recordó también que Uruguay adhirió en diciembre en Marrakech al Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Durante la presentación de su informe, la delegación uruguaya destacó la labor de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay, así como la puesta en funcionamiento en su órbita del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, los cuales, junto con el rol desempeñado por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, fortalecen ciertamente el conjunto de instituciones nacionales que tutelan la vigencia de los derechos humanos.
El documento destaca, además, la puesta en vigor en noviembre de 2017 de la reforma del Código de Proceso Penal, que introduce un sistema de justicia acusatorio, oral y público, que mejora sustancialmente la eficacia del proceso penal, genera garantías y otorga un rol adecuado a las víctimas.
En relación con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Uruguay por la dictadura (1973-1985), se informaron los avances realizados, tales como los trabajos del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y la creación por ley de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, lo cual ha permitido avanzar en un cierto número de casos y reactivar otros.
En esta tercera revisión de Uruguay, participaron delegaciones de 94 estados, las cuales, durante el diálogo interactivo, formularon comentarios y recomendaciones. Todas ellas destacaron el tradicional compromiso del país sudamericano con los derechos humanos, así como su cooperación con el sistema universal de protección de los derechos humanos.
En particular, se valoraron los logros en materia de reducción de la pobreza, la lucha contra las diversas formas de discriminación, la protección de los derechos de los grupos vulnerables, los avances en materia de derechos de la mujer, la lucha contra la violencia de género, el acceso a la salud, entre otros.
Varias delegaciones elogiaron los esfuerzos y también los resultados obtenidos por Uruguay para afrontar las desigualdades en el país, lo cual también fue reconocido en recientes informes de organismos regionales. Asimismo, las delegaciones realizaron recomendaciones respecto de las áreas o cuestiones en que piensan que nuestro país debería profundizar sus políticas o medidas relacionadas con categorías específicas de derechos.
Finalizada esta parte del examen de Uruguay, que resultó ampliamente satisfactoria y que reafirma la imagen del país en el concierto internacional, como país respetuoso y comprometido con los derechos humanos, el próximo viernes 25 se procederá a la adopción preliminar de este nuevo EPU, el cual será formalmente incorporado por el Consejo de Derechos Humanos en su sesión de junio.