Calzada en reunión ministerial de Celac

Gobierno de Uruguay reafirma política de abordaje integral en problemática de drogas

"Uruguay encara un abordaje integral en el combate contra las drogas con énfasis en la salud pública y los derechos humanos", señaló el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, en su presentación ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Esta posición será reiterada en una conferencia mundial que se desarrollará entre el miércoles 21 y el viernes 23 de mayo en Roma.

Julio Calzada
Calzada viajó a la capital italiana para participar en la VIII Conferencia Anual de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Políticas de Drogas, que centrará el debate en las políticas relacionadas con los mercados de estupefacientes, los daños causados por la oferta y la demanda, así como las consecuencias intencionales y no intencionales de las estrategias en este ámbito. Este foro es organizado por el Centro de Bioestadística y Bioinformática de la Universidad de Roma.

La posición de Uruguay y la experiencia que comienza con la puesta en vigencia de la ley de regulación del cultivo y comercialización de marihuana, que será presentada en la conferencia de Roma, fue anticipada en la I Reunión Ministerial sobre el Problema Mundial de las Drogas de la Celac, la semana pasada en la ciudad Antigua, en Guatemala.

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) participó del panel “Iniciativas Exitosas ante el problema Mundial de las Drogas”, en el cual reiteró que las políticas públicas deben basarse en la evidencia.

En este sentido, precisó que en Uruguay se despenalizó el uso de drogas en 1974 y que el consumo se incrementó en el resto de América Latina en los últimos años, tanto en los países en que es ilegal su tenencia como en los que no.

Insistió en que en esta problemática inciden factores sociales, culturales, económicos, políticos y geopolíticos. “Por ello es necesario tener en cuenta los factores que hacen a la oferta y a la demanda de drogas, no como compartimientos estancos sino como un continuo que pasa por la promoción de la salud, la prevención, la regulación de la oferta, el control y la interdicción”, apuntó.

El funcionario recordó que, en lo que hace al uso de drogas, el desarrollo humano juega un papel fundamental para minimizar los riesgos y daños y que, por ello, las políticas al respecto tienen que estar íntimamente ligadas a las estrategias de promoción de la calidad de vida de la población.

Narcotráfico
Calzada puntualizó que el narcotráfico es, antes que nada, una actividad económica. Consideró que en los últimos ocho años Uruguay avanzó en los diversos aspectos que hacen a un abordaje amplio e integral del control de la oferta, creando la Secretaria Nacional Antilavado de Activos en la órbita de la Presidencia de la República.

También recordó que se fortaleció a las instituciones destinadas al control de precursores químicos y de productos farmacéuticos para usos no médicos que se utilizan para la elaboración de drogas.

"En este proceso se desbarataron las principales organizaciones criminales que operaban en Uruguay en lo que hace al tránsito de drogas y al lavado de activos", aseguró. No obstante, alertó en el encuentro de Celac sobre el crecimiento exponencial del uso de marihuana que, entre 2005 y 2012 aumentó 126 por ciento.

Detalló que en función del tráfico ilegal de drogas en Uruguay se elaboró en mayo de 2012 la denominada "Estrategia por la Vida y la Convivencia", que implica un accionar nuevo y, por consiguiente, basado en políticas no enfocadas en las sustancias, a diferencia da las políticas focalizadas en la ley penal y la interdicción.

En respuesta a esta realidad y desde una mirada descentrada en la que confluyen aspectos sociales, sanitarios, culturales, políticos, de seguridad y convivencia, detalló las 15 medidas que intentan dar cuenta de este nuevo fenómeno y que se resumen en cuatro grandes bloques.

Se trata de reformas urbanas para solucionar la segmentación residencial que sufren importantes sectores de la población, la aprobación de leyes para aumentar las penas por actos de corrupción cuando estos sean cometidos por funcionarios públicos como policías, la regulación de los horarios de protección al menor en los medios de comunicación y legalización del cultivo y mercado de marihuana.

"Esas reformas implican una presencia determinante del Estado, como es el caso de la regulación del mercado de la marihuana en toda la cadena de financiamiento, plantación, producción, distribución y dispensación de marihuana", indicó Calzada. "Establecen medidas y formas específicas de acceso legal a la marihuana, manteniéndos en todos sus términos las formas legales que penalizan el tráfico ilegal de dicha sustancia", agregó.

“Esta política implica la incorporación de nuevos mecanismos sociales, culturales, económicos para combatir al narcotráfico con herramientas económicas, ya que se trata como hemos dicho anteriormente fundamentalmente de una actividad económica”, concluyó.