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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay
8/5/10

¿Qué es Lavado de Activos?

El Lavado de Activos es un delito que se caracteriza por el ocultamiento, la administración o la conversión del dinero o bienes producidos por una actividad delictiva (tráfico ilícito de drogas, corrupción, contrabando, etc.) a efectos de introducirlos y hacerlos circular sin inconvenientes en el sistema económico-financiero legítimo.

En este sentido, el LA tiene un vínculo instrumental con el delito que lo precede, ya que se dirige a proteger la ganancia obtenida de manera ilícita, permitiendo que los autores de los delitos puedan disfrutar de la misma como si se tratase del resultado de una actividad absolutamente legal.

Se ha podido comprobar que estos delitos afectan, de manera profunda, la soberanía nacional, la integridad del sistema democrático de gobierno, el orden público, la transparencia del sistema económico-financiero e incluso la paz y la seguridad de los países.

 

El delito de LA en el orden jurídico internacional

Desde hace más de dos décadas, la Organización de las Naciones Unidas, consciente que el LA es un delito potencialmente transnacional, ha establecido, a través de instrumentos internacionales elaborados por su Asamblea General, los pilares jurídico-institucionales para que los países puedan enfrentar en conjunto esta amenaza global.

En 1988, en la Convención sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y otras Sustancias Psicotrópicas se advertía que el narcotráfico generaba considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles.

En el Art. 2 de dicho instrumento internacional se fijaba el marco jurídico para que los países tipificasen como delito el LA proveniente de los delitos objeto de la convención.

En el año 2000, las Naciones Unidas, conscientes del desarrollo creciente de nuevas formas de criminalidad generadoras de fondos ilícitos, elaboran la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. A través de este instrumento internacional, se amplía la gama de ilícitos precedentes al LA alcanzando a todos los delitos graves cometidos por grupos delictivos organizados. En el Art. 6 se vuelven a fijar las bases jurídicas para que los países legislen sobre el LA provenientes de delitos graves.

De manera complementaria al trabajo de las Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante GAFI) , creado en 1989, y el Grupo Regional de Sudamérica (en adelante GAFISUD) creado en el 2000, viene aconsejando, en la lógica de sus 40 Recomendaciones, que los países miembros tipifiquen el delito de LA de acuerdo a los instrumentos de Naciones Unidas mencionados y realicen las reformas institucionales necesarias para prevenir, detectar y reprimir las prácticas de lavado y los delitos determinantes.

 

El delito de LA en el orden jurídico uruguayo

El delito de LA en el orden jurídico uruguayo ha seguido la evolución internacional. El Estado Uruguayo ha aprobado las Convenciones sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sobre Criminalidad Organizada Transnacional, en 1994, través de la Ley 16.579,  y en 2004, a través de la Ley 17.861, respectivamente.

La base legal es la ley de estupefacientes (Decreto-ley No. 14.294 de 31 octubre de 1974), que fue modificada por las leyes No. 17.016 y No. 17.343, promulgadas respectivamente el 22 de octubre de 1998 y 25 de mayo de 2001.

Según la previsión legal, basada en el sistema jurídico-penal de conductas múltiples alternativas, se caracteriza como lavado de activos las acciones de convertir o transferir, adquirir, poseer, utilizar, tener en su poder o realizar cualquier tipo de transacción que involucre bienes, productos o instrumentos que procedan de cualquiera de los delitos relacionados con drogas, cualquiera de sus delitos conexos y algunos otros delitos determinantes.

El LA se configurará también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por la legislación vinculados a las siguientes actividades: crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad tipificados por la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006; terrorismo; financiación del terrorismo; contrabando superior a U$S 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito y trata de personas; extorsión; secuestro; proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos; estafa; apropiación indebida; los delitos contra la Administración Pública incluidos en el Título IV del Libro II del Código Penal y los establecidos en la Ley Nº 17.060, del 23 de diciembre de 1998 (delitos de corrupción pública); quiebra fraudulenta; insolvencia fraudulenta; el delito previsto en el artículo 5º de la Ley Nº 14.095, del 17 de noviembre de 1972 (insolvencia societaria fraudulenta); los delitos previstos en la Ley Nº 17.011, del 25 de setiembre de 1998 y sus modificativas (delitos marcarios); los delitos previstos en la Ley Nº 17.616, del 10 de enero de 2003 y sus modificativas (delitos contra la propiedad intelectual); las conductas delictivas previstas en la Ley Nº 17.815, del 6 de setiembre de 2004, en los artículos 77 a 81 de la Ley Nº 18.250, del 6 de enero de 2008 y todas aquellas conductas ilícitas previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta, prostitución infantil y utilización en pornografía o que refieren a trata, tráfico o explotación sexual de personas; la falsificación y la alteración de moneda previstas en los artículos 227 y 228 del Código Penal.

 

¿Qué es el crimen organizado transnacional?

El crimen organizado supone una actividad criminal compleja en la medida que, a diferencia del delito convencional, requiere una determinada asociación entre varias personas, que es permanente en el tiempo y cuyo objetivo es la comisión de una variedad indeterminada de delitos. El carácter transnacional implica que la organización criminal produce efectos en más de un país.

La mundialización de la economía, la globalización de las comunicaciones, la transnacionalización de las relaciones humanas y la reconfiguración de los Estados nacionales, ha estado acompañada por el desarrollo de nuevas formas de criminalidad que han logrado desarrollar una importante gestión empresarial de los dividendos ilícitos obtenidos, permitiendo aumentar tanto su poder corruptor, como su poder de fuego.

Los ejemplos más evidentes de las nuevas amenazas que acechan a los países en este tiempo son los tráficos ilícitos de armas, de drogas y personas, así como el contrabando, la piratería y el cibercrimen internacionales, entre otros. Si fuese posible sumar los dividendos ilícitos que estas actividades producen anualmente el resultado daría un monto varias veces millonario que, incluso, supera con creces los presupuestos de muchos países. De allí la necesidad imperiosa de que todas las jurisdicciones, actuando de manera coordinada, desarrollen acciones orientadas no sólo al castigo de los delincuentes, sino también al debilitamiento y destrucción de la empresa criminal.

 

El crimen organizado transnacional (en adelante COT) en el orden jurídico internacional

De acuerdo a la ya mencionada Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional un grupo delictivo organizado es todo grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la mencionada Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Para que el mismo tenga carácter transnacional es necesario que el delito se cometa en más de un Estado; dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.

Desde un principio, mientras que, en 1998 el Consejo de la Unión Europea le adjudica como finalidad a la criminalidad organizada el “obtener un  beneficio material, o influir indebidamente en la actividad de la autoridad pública”; la Convención de Palermo de las Naciones Unidas, en el año 2000, establece que el grupo criminal organizado tiene por fin “obtener, directa o indirectamente, una ventaja financiera o material”. Esto debe ser tenido muy en cuenta a la hora de establecer estrategias de prevención, detección y, eventualmente, de represión penal.

En tal sentido, la lucha contra el LA se presenta como la herramienta más eficiente en la persecución de dicho objetivo, ya que la misma tiene como propósito fundamental privar a la empresa criminal de sus bienes, atacando de tal modo la esencia misma de la finalidad por ésta buscada. Asimismo, la lucha contra el LA ofrece la oportunidad de detectar y reprimir a la empresa criminal en su punto más vulnerable, que es cuando la misma debe hacer uso de nuestros sistemas para legitimar sus ganancias ilícitas.

Cabe destacar que, en la estructura de los instrumentos internacionales, la lucha contra el LA y la corrupción aparecen como un ejercicio eficaz para combatir el crimen organizado transnacional, debido al vínculo instrumental que existe entre estas formas de actividad criminal compleja.

En este orden de ideas, es necesario recordar que el esfuerzo de la Organización de las Naciones Unidas se ha extendido en este campo con especial énfasis al problema de la corrupción. Es así que su Asamblea General elaboró en 2004 la Convención contra la Corrupción, en la que se identifican una serie de delitos graves que, de manera profunda, alimentan la expansión del LA y el COT.

 

El COT en el orden jurídico uruguayo

Si bien el COT no se encuentra expresamente mencionado en el Código Penal Uruguayo, la Ley Nro. 18.362, de octubre de 2008, en su artículo 414, al hablar de los Juzgados Especializados en Crimen Organizados establece que: “Se entiende por grupo delictivo organizado un conjunto estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer dichos delitos, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.” Esta normativa y la Ley No. 18.390, también de octubre de 2008, que han creado los Juzgados Letrados de Primera Instancia y las Fiscalías Nacionales con especialización en Crimen Organizado, han enumerado una serie de actividades delictivas que constituyen el objeto de su intervención: estupefacientes, actos terroristas y Financiamiento del Terrorismo (en adelante FT), delitos tributarios, el delito de quiebra fraudulenta, el delito de insolvencia fraudulenta, el delito de insolvencia societaria fraudulenta, el tráfico de armas, los casos de inmovilización de activos establecidos en la Ley Nº 17.835 (Sistema de Prevención de LA y FT), e incautación de fondos o valores no declarados, las conductas delictivas previstas en la ley de violencia sexual cometida contra niños adolescentes o incapaces, la trata de personas y todas aquellas conductas ilícitas previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta, prostitución infantil y utilización en pornografía o que refieren a trata, tráfico o explotación sexual de personas, entre otros.

Además de esto, cabe tener presente la figura de la asociación para delinquir prevista por el art. 150 (dentro de los Delitos contra la Paz Pública). Tal figura reprime a los que se asociaren para cometer uno o más delitos, por el simple hecho de la asociación. Asimismo, se agrava la pena si la asociación tuviere por objeto la ejecución de cualquiera de los delitos previstos en el artículo 1º de la Ley Nº 8.080, de 27 de mayo de 1927; en los artículos 30 a 35 del Decreto Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en el artículo 5º de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972, de cualquier actividad ilícita relacionada con el tráfico de órganos o tejidos (Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971); el contrabando o la adquisición, recepción u ocultamiento de dinero o de los efectos provenientes de un delito. Es decir que, la asociación ilícita constituida para cometer delitos graves se encuentra más severamente penada por la Ley Penal Uruguaya.

 

¿Cómo se vinculan los esfuerzos por combatir el LA y el COT?

La lucha contra el LA ha sido desarrollada a nivel global y tiene como fin inmediato la prevención, la inteligencia financiera y la investigación y represión  de operaciones de lavado de activos de origen delictivo. Pero su fundamento y fin último es la de conjurar la acción del COT.  La experiencia de estos últimos años ha mostrado que el encarcelamiento de los miembros de una organización criminal no resulta suficiente para desmantelar la actividad criminal organizada.

Por ello, la comunidad internacional ha puesto el énfasis en la necesidad de intervenir en el proceso de ocultamiento y conversión de la economía ilícita de estas organizaciones. Las prácticas de debida diligencia de la clientela por parte del sector privado, el reporte de operaciones sospechosas, el análisis de inteligencia financiera por parte de un organismo estatal especializado, la investigación judicial patrimonial, la  incautación y decomiso de bienes en el juicio penal son instancias claves para intervenir eficazmente en la empresa criminal y privarla de los activos que constituyen el alimento necesario para el fortalecimiento y la reproducción de la organización delictiva.

Además, el fenómeno de la transnacionalización de las rutas que siguen los activos de origen ilícito ha hecho imprescindible la cooperación internacional: a través de ella, las más diversas jurisdicciones pueden poner en marcha las acciones necesarias para despojar a las asociaciones criminales de sus bienes, aun cuando estos hayan sido puesto ha resguardo fuera del territorio en que operan.

 

¿Qué lugar ocupa la problemática del financiamiento del terrorismo (FT)?

El Financiamiento del Terrorismo supone la realización de una serie de actividades  orientadas a alimentar el terrorismo en cualquier parte del planeta. Técnicamente, implica la colecta y el suministro de fondos para la realización de actos terroristas, provengan estos fondos de actividades ilícitas (propias del vínculo que mantiene el crimen organizado con ciertos grupos terroristas) o lícitas (negocios legítimos, autofinanciación o financiamiento interno y a través del aprovechamiento y desnaturalización de actividades sociales u organizaciones sin fines de lucro o de caridad  por parte de los terroristas).   

De algún modo el FT tiene, al igual que el LA, un carácter instrumental con relación a otros delitos. En este caso, sin embargo, no se trata de ocultar o disimular el origen del dinero o bienes producido por una actividad criminal previa, sino de sortear los controles que existen en torno a las organizaciones terroristas a efectos de que estas reciban sin problema el soporte económico necesario para cumplir con sus fines.

En la sociedad mundializada actual, la lucha contra el FT y el terrorismo propiamente dicho, se encuentran estrechamente vinculadas con el combate contra el LA y la COT.

 

El delito de FT en el orden jurídico internacional

El FT constituye una preocupación reciente pero sostenida de la comunidad global, en la medida que su realización atenta contra la paz, la seguridad y la tranquilidad de todas las naciones a lo largo y ancho del planeta.

Hacia fines de la década de los 90, las Naciones Unidas reconocieron que el financiamiento de las actividades terroristas había adquirido una importancia significativa que ameritaba un tratamiento pormenorizado. Por dicha razón y, basados en la necesidad urgente de intensificar la cooperación internacional entre los Estados con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir la financiación del terrorismo, la Asamblea General aprobó en 1999, el Convenio Internacional para Represión de la Financiación del Terrorismo.

 Conforme a tal instrumento internacional, comete el delito en cuestión quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer actos de terrorismo.

Posteriormente, y como consecuencia directa de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dictó la Res. 1373, por medio de la cual instó a todos los Estados Miembros a criminalizar, prevenir y reprimir el FT, congelar los bienes que tengan por destino actividades de FT, asegurarse de que sus nacionales no contribuyan a financiar organizaciones terroristas, entre otras medidas tendientes al combate de este delito.

De manera complementaria, la comunidad internacional otorgó al GAFI el mandato de extender la lucha contra el LA hacia las prácticas de FT. En cumplimiento de ello, este organismo internacional elaboró, en un principio, 9 Recomendaciones Especiales sobre esta última materia a efectos que los países puedan cooperar eficazmente en menoscabar el poder de los financistas del terrorismo global; actualmente, esas 9 recomendaciones especiales se integraron en las nuevas 40 recomendaciones publicadas en febrero del año 2012 .

Por lo expuesto, hoy los países cuentan con una serie de dispositivos para enfrentar, de acuerdo al tenor de las amenazas, los diversos aspectos económico-financieros que sirven de sustento a la criminalidad organizada y al terrorismo internacional.

 

El delito del FT en el orden jurídico uruguayo

El orden jurídico uruguayo ha aprobado el Convenio sobre Represión de la Financiación del Terrorismo en 2003, a través de la Ley 17.704 de fecha 27 de octubre de 2003

Los delitos relacionados con organizaciones terroristas se encuentran tipificados en los Arts. 14 a 16 de la Ley 17.835 en la redacción dada por la Ley 18.494

En particular, el Art. 14 establece que tienen naturaleza terrorista aquellos delitos que se ejecutaren con la finalidad de intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional, a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo mediante la utilización de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para aterrorizar a la población, poniendo en peligro la vida, la integridad física, la libertad o la seguridad de un número indeterminado de personas. La conspiración y los actos preparatorios se castigarán con la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado.

El FT se encuentra expresamente contemplado en el artículo 16 que reprime con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaria, a quien organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente, proveyere o recolectare fondos para financiar una organización terrorista o a un miembro de ésta o a un terrorista individual, con la intención que se utilicen, o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte, en las actividades delictivas descritas en el artículo 14 de la presente ley, independientemente de su acaecimiento y aun cuando ellas no se desplegaren en el territorio nacional.

 

¿Qué es el “Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva” (PADM)?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó en las 40 Recomendaciones publicadas en Febrero del año 2012, una nueva recomendación, identificada con el número 7, por la cual, los estados deben adoptar medidas orientadas a prevenir, suprimir y desarticular la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento.

En particular, está dirigida a la aplicación de sanciones financieras en virtud de lo estipulado en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Nos. 1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) y 1929 (2010).

Si bien el GAFI aún no ha acordado una definición de trabajo válida acerca del término “financiamiento de la proliferación”, se entiende, según lo publicado por este grupo internacional en el documento "Buenas Prácticas de la Recomendación Nº2" que:

"Financiamiento de la Proliferación es todo acto que provea  fondos o utilice  servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados (incluyendo tecnologías y bienes de uso dual para propósitos ilegítimos) en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable”.