El Banco de Previsión Social (BPS) y la Fundación ASTUR (organización independiente sin fines de lucro), firmaron un acuerdo, este 25 de junio, para capacitar a personas que formarán a los cuidadores de niños, adultos mayores y personas con discapacidad en el Sistema Nacional de Cuidados. El acto fue presidido por el Presidente de la República, José Mujica; el titular de ASTUR, Enrique Iglesias; los ministros de Desarrollo Social, Daniel Olesker; de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, y de Salud Pública, Jorge Venegas; el embajador de España en Uruguay, Roberto Olivera, y el jefe de operaciones del BID en Uruguay, Sergio Ríos.
Este sistema supone coordinar distintas instituciones
públicas y privadas para cuidar y acompañar a la gente cuando lo necesita. Murro
sostuvo que la realidad indica que en Uruguay no hay formación de cuidadores,
es decir quienes cuidan a otras personas no tienen educación al respecto en la
mayoría de los casos.
El acuerdo supone la creación de un sistema
de formación que comienza con dos cursos que tienen el apoyo de España, del BID
y una colectividad religiosa española denominada Los Camilos con experiencia en
el tema. Para este primer curso se anotaron 190 personas, pero ambos cursos son
para 40, por lo que en el futuro se incrementarán.
En julio o agosto comienzan cursos para los
trabajadores que desarrollan tareas de acompañamiento en empresas, cooperativas
e instituciones públicas. En paralelo comenzará una experiencia piloto de
teleasistencia, asistencia telefónica para algunos complejos habitacionales y
también una encuesta para determinar aquellas personas que con discapacidad
severa necesitan asistentes personales para mejorar su calidad de vida.
Mujeres cuidadoras de niños y adolescentes
El ministro Brenta explicó que en breve
comienza una ronda del Consejo de Salarios en los que se buscarán acuerdos con
empresarios para el cuidado de niños y adolescentes, para favorecer el empleo
en las mujeres. Recordó que varios gremios, entre ellos el SUNCA, expresaron su
voluntad de “abrir” la tarea al sector femenino y hoy trabajan en la
construcción unas 2000 mujeres, aunque no muchas en obras sino en tareas
administrativas.
Hoy 200 mil mujeres no trabajan en Uruguay,
la mayoría porque no tienen quién cuide de sus hijos. En familias con hijos
entre cero y tres años, el 90% de los hombres trabajan a tiempo completo,
mientras que solo el 44% de las mujeres lo hacen. En ese sentido, el jerarca instó
a profundizar la co-responsabilidad en los cuidados de padre y madre.
Por su parte, Daniel Olesker expresó que el mercado
de trabajo uruguayo está acotado en su capacidad de expansión en el sector
masculino que llegó al 100%. La posibilidad de fortalecerlo sería con el
ingreso de mujeres, quienes tienen mayor formación académica y poseen más
destrezas para la productividad, pero se encuentran más limitadas por tener
menores, discapacitados o adultos mayores a cargo.
En referencia a demografía uruguaya, el
titular del MIDES afirmó que le preocupa
porque los pronósticos para 2030 no son alentadores, ya que se estima que un
millón de personas serán mayores. Recordó que entre 2004 y 2011 se registraron
500 mil nuevos cotizantes en la seguridad social. De todas formas dijo que se
deben buscar otras estrategias para resolver el envejecimiento de la población.
Venegas, en tanto, definió esta iniciativa
como “cimiento del futuro”. El jerarca informó que en una semana ingresan al Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS) 190 mil jubilados y pensionistas en forma
progresiva.
Promoción de envejecimiento activo
Por su parte, Enrique Iglesias aseguró que
este sistema generará mucho empleo, “por lo que algo que es visto como un
problema puede tener un factor positivo”. Afirmó que una mejor calidad de vida
promueve la capacidad del envejecimiento activo y puede constituirse en un
apoyo adicional para el país.
También recordó que Naciones Unidas se ocupa del tema: “En 2003 hubo una reunión en Madrid donde se dijo que la familia no puede continuar actuando como una ONG cuya labor se caracteriza por la falta de apoyo económico y social y se definió como una “imperiosa necesidad legalizar los recursos económicos y asistencia potenciando los cuidados domiciliarios tanto sociales como sanitarios e incluso aportando económicamente aquellas personas que asumen como cuidadores directos de sus familiares”, dijo.