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Infracciones informáticas

Ejecutivo remitió al Parlamento proyecto de Ley que pena los delitos cibernéticos

Publicado: 30.05.2014

El prosecretario Diego Cánepa informó en conferencia de prensa que el Parlamento tiene a estudio un proyecto para penar ciberdelitos, que incluyen el acceso no autorizado a datos digitales, el daño en las computadoras en red, la suplantación de identidad y otros. El director ejecutivo de AGESIC, José Clastornik, explicó que el proyecto forma parte de un conjunto de acciones para fortalecer la seguridad informática en Uruguay.
Prosecretario Diego Cánepa y director ejecutivo de AGESIC, José Clastornik
Pie de foto: Prosecretario Diego Cánepa y director ejecutivo de AGESIC, José Clastornik

El proyecto de ley pena conductas que generan daños importantes en bases de datos, información sensible, acceso a datos o cambio de titularidad de los datos personales, explicó Cánepa. Añadió que el tipo penal (no hay pena sin ley) obligaba al país a generar un instrumento normativo que pene esas conductas.


“Aún teniendo un código penal en discusión, en el Parlamento, entendíamos que una ley muy corta, de siete artículos, era lo más importante en este momento”, señaló el prosecretario y presidente de AGESIC, Diego Cánepa.


El jerarca enumeró los delitos que componen la ley, como el acceso no autorizado a cualquier sistema informático, daño informático, estafa informática, suplantación de identidad, protección de datos personales. Los delitos fueron elaborados por un grupo de trabajo multidisciplinario, integrado por la Fiscalía de Corte, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, junto a la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC).


Por su parte, el director ejecutivo de AGESIC, José Clastornik, dijo que esta normativa remitida al Parlamento es un escalón más en la conformación de un sistema jurídico que proteja los datos informáticos, que incluye la creación del Centro de Respuesta a Incidentes de Inseguridad Informática del Uruguay (CERT), el decreto que obliga a implementar medidas de seguridad y el decreto que obliga a tomar medidas de seguridad informática en organismos públicos.

 

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