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Un plan para sortear inundaciones

Casi 1.500 familias fueron reubicadas en 10 años superando evacuaciones y precariedad

Publicado: 22.07.2014

El Plan Nacional de Relocalizaciones en curso y las acciones previas que desembocaron en esta solución posibilitaron que casi 3.000 hogares salieran, o estén camino a hacerlo, de zonas inundables o contaminadas desde 2005. La directora nacional de Vivienda, Lucía Echeverry, explicó que se trata de un programa de estabilidad socio-habitacional, porque no es solo acceder a una vivienda sino el abordaje integral del problema.
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Pie de foto: Viviendas
El Gobierno de José Mujica lleva adelante el Plan Nacional de Relocalizaciones, que va más allá de los problemas puntuales afrontados a causa de los fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático, como ocurrió últimamente en la costa norte del río Uruguay, que generan preocupación en la sociedad sobre la situación de quienes residen en zonas inundables y deben dejar sus hogares por sus medios o ser evacuados.

La iniciativa es atender con antelación las necesidades de quienes se ven forzados a abandonar sus viviendas y pertenencias cada vez que el clima atenta contra los lugares donde viven. Esto implica, entre otras cosas, que las familias se trasladen en forma definitiva a un sitio más adecuado para vivir.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) desarrolla este plan desde el comienzo del quinquenio y la prioridad son los hogares ubicados en zonas recurrentemente inundables o que tienen niveles altos de contaminación. Está pensado como una medida que tienda a resolver las cuestiones en forma definitiva, mediante acciones de mediano y largo plazo.

El programa busca revertir los procesos ya existentes de segregación social y fragmentación territorial en el marco de una acción integral, en la que no solo se debe resolver el aspecto habitacional y garantizar condiciones adecuadas para la residencia de estas personas, sino también mejorar sus oportunidades de inclusión socio-laboral.

Echeverry, en diálogo con la Secretaría de Comunicación, explicó que todo esto implica articular acciones con los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo y Seguridad Social, así como con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), en el marco de acuerdos con los gobiernos departamentales, que son responsables y competentes en el desarrollo urbano, en este caso puntual, apoyando con sus capacidades.

Las intendencias deben, además, desarrollar un plan de intervención en el predio que se libera para evitar nuevas ocupaciones, y recuperarlo como espacio público.

Opciones para la relocalización
Echeverry entiende fundamental identificar cuáles son los predios que están en zonas aptas integradas a la trama urbana, con todos los servicios, para poder trasladar a las familias.

Hay dos vías de acceso a la vivienda: por un lado a través de los programas de autoconstrucción que impulsa el Ministerio de Vivienda, para generar nuevas viviendas, y por otro la generación de una línea de compra de unidades ya existente en el mercado.

Mediante la labor de un equipo técnico se identifica cuáles son las familias que tienen posibilidades de reconstruir sus redes de sostén en otras partes de la ciudad o en otros departamentos.

Para la elección de las familias a beneficiar, el equipo técnico realiza un trabajo de proximidad con ellas, oportunidad en la que discuten las problemáticas existentes y las posibles soluciones, definiendo plazos de trabajo y requerimientos.

“Intentamos que el realojo sea, en la medida de lo posible, en espacios cercanos a donde la familia desarrolló toda su biografía y trayectoria, donde se les garantice mejores condiciones de vida”, explicó Echeverry.

En cuanto al abordaje integral, se trabaja en aspectos vinculados al mejoramiento de las condiciones sanitarias, la búsqueda de mayores posibilidades de capacitación laboral y la reinserción educativa de niñas, niños y adolescentes.

“Hay que apostar a transformar las condiciones de vida en general y no solo garantizar un techo adecuado”, puntualizó.

Este tipo de intervenciones habitacionales son financiadas por la cartera, ya sea de la vivienda que se compra en el mercado como de los materiales para la construcción (licitación con empresas constructoras) y los gastos del equipo técnico.

Además se cuenta con contrapartidas de los gobiernos departamentales, sobre todo con el aporte de predios ubicados en trama urbana, que cumplan con todas las condiciones para su uso residencial.

Los reubicados y el impacto social
En este período de gobierno de Mujica se relocalizaron de 695 familias, las que ya residen en su nueva solución habitacional. Entre los distintos proyectos, 98 familias compraron su vivienda y otras tantas están en proceso de obra. “Estos convenios se ejecutan con los gobiernos departamentales y los tenemos en Artigas, Paysandú, Canelones, Montevideo, Colonia y Salto”, detalló.

En Montevideo, en los asentamientos de Isla de Gaspar y de La Manchega ya son muchas las familias que se mudaron a sus nuevas viviendas, mientras que en Paso Carrasco también hay varias reubicadas y una treintena lo harán a mediados de agosto.

Lo mismo ocurre en La Chapita, en Paysandú, y en Artigas, donde se redujo la cantidad de familias que vivían sobre las márgenes de los ríos.

En el caso de Salto, el MVOTMA financia actualmente la construcción de viviendas para 32 familias que fueron relocalizadas en el período de gobierno pasado y que recibieron el aporte de la tierra de parte de la Intendencia. 

Echeverry aseguró que las acciones llevadas a cabo en este Plan de Relocalización coadyuvaron para que menos personas deban ser evacuadas tras los últimos episodios de inundaciones.

“Este programa hizo su aporte para disminuir la cantidad de familias en situación problemática. En zonas como Paso Carrasco, que frecuentemente debían trasladarse, hoy están en una perspectiva de cambio y solución definitiva”, afirmó.

En el gobierno anterior, de Tabaré Vázquez, como antecedente de este plan, el MVOTMA ya había realizado intervenciones, sobre todo en las ciudades de Durazno y Mercedes, donde 750 familias fueron reubicadas.

“Lo que diseñamos es un programa que tiene requerimientos claros, que tiene procedimientos y una línea de financiamiento y que establece determinadas condiciones para que los gobiernos departamentales puedan priorizar en aras de atender prioritariamente a estas familias que sufren esta problemática”, añadió.

“Esto no lo resuelve todo, claro, pues es un programa que en el próximo gobierno habrá que consolidar con la dotación de recursos presupuestales y, sobre todo, con una mejor articulación interinstitucional”, indicó.

A las 750 familias que fueron realojadas en el período de gobierno 2005-2009 y las 695 trasladadas en este período, se suman otras 1.300 que están en proceso de hacerlo, que lleva su tiempo pues ningún proyecto de este tipo se puede ejecutar en un plazo menor a tres años, debido a la complejidad que tiene, el grado de involucramiento de la familia y la problemática social que atiende.

Echeverry confía que a lo largo de este año puedan efectivizar buena parte de estas 1.300 soluciones que ya están en camino.

Mapas de riesgo
El Plan de Relocalizaciones requirió trabajar en mapas de riesgo elaborados por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y la Dirección Nacional de Agua. Allí se establecen las cotas de posibilidad de inundación y las curvas de retorno, lo cual permite anticiparse a los problemas y determinar los espacios donde se deben establecer restricciones de uso habitacional.

“Los mapas de riesgo son un aporte técnico que van más allá de un plan de realojo. Es también un insumo para otras medidas de la política departamental, al igual que la categorización de los suelos a cargo de Ordenamiento Territorial”, sostuvo Echeverry.

Aseguró, además, que con estas herramientas es posible establecer prioridades de intervención.

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