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Fiscalización de condiciones laborales

Unas 10.000 inspecciones realizadas por el BPS en 2017 posibilitaron regularizar a más de 20.000 trabajadores

Publicado: 12.09.2018

El plan de fiscalización desarrollado por el Banco de Previsión Social (BPS) permitió registrar 7.500 trabajadores y corregir los salarios de otros 13.603 que estaban subdeclarados. También fueron detectadas 670 empresas y 557 obras en construcción sin registrar en el interior. La mayoría de las inspecciones fueron realizadas a partir del intercambio de datos entre instituciones, denuncias de empleados y operativos masivos.
Banco de Previsión Social
Pie de foto: Banco de Previsión Social

De las 10.000 inspecciones realizadas por el Banco de Previsión Social (BPS) en 2017, un 62 % registró irregularidades, informó la institución.

Los rubros construcción y gastronomía están entre los tres de mayores niveles de irregularidad en cualquiera de las modalidades de inspección: selección, operativos masivos y denuncias de trabajadores.

En la fiscalización por selección, el tercer lugar fue ocupado por el rubro peluquerías, mientras que en operativos masivos fue el comercio de diarios y revistas. En tanto que el sector de servicio doméstico encabezó el mayor porcentaje de irregularidades.

Estas acciones permitieron registrar a más de 20.000 trabajadores, 7.550 que no lo estaban y 13.603 subdeclarados, a quienes se les corrigieron sus salarios.

También se detectaron 670 empresas y 557 obras en construcción no registradas. Río Negro, Treinta y Tres, Cerro Largo y Paysandú fueron los departamentos con mayor porcentaje de irregularidades, por encima del 80 % de las actuaciones.

El BPS destacó que la mayor efectividad de las inspecciones estuvo en la modalidad de selección, realizada a partir del cruce de datos con otras instituciones (73 %), seguido por denuncias de los trabajadores (72 %) y los operativos masivos (51 %).

Las fiscalizaciones permitieron determinar la existencia de deudas con el BPS por unos 500 millones de pesos, que podrían ascender hasta los 700 millones una vez culminada la fase de análisis tributario.

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