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Capacitación para la reinserción

Personas derivadas de Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía recibirán orientación educativo-laboral

Publicado: 12.06.2019 18:46h.

“Este acuerdo forma parte de las políticas de inclusión que lleva adelante el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional”, señaló su titular, Eduardo Pereyra, en la firma, con la Fiscalía de la Nación, de un convenio para brindar capacitación a personas derivadas de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. El objetivo es apoyar el ingreso y la reinserción de esa población vulnerable al mercado laboral.
jorge Díaz y Eduardo Pereyra firman conveno de capacitación
Pie de foto: jorge Díaz y Eduardo Pereyra firman conveno de capacitación

El convenio firmado este miércoles 12 entre el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz, consiste en un esfuerzo conjunto para brindar orientación educativo-laboral a personas derivadas de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Víctimas y Testigos.

Esas personas recibirán cursos de formación profesional que se dicten a fin de promover su socialización, mejorar sus competencias y reinsertarlas al mercado laboral.

Las víctimas y testigos “que llegan al sistema penal lo hacen con muchas vulnerabilidades previas, dijo Díaz, tras indicar que por esa razón es importante que en ese pasaje “podamos brindarle algún tipo de colaboración, en cuanto a la posibilidad de su inserción, o, muchas veces, su primera inserción, en el mercado laboral”.

Por su parte, Pereyra declaró que el acuerdo habilita a que se deriven personas para que “nuestros orientadores puedan ponerlas en agenda y sean llamadas a instancias de orientación”. “La firma de este acuerdo forma parte de las políticas de inclusión y sociales que lleva adelante la entidad”, añadió.

El Gabinete Coordinador de Políticas Destinadas a Víctimas y Testigos del Delito es un ámbito interinstitucional instalado el 26 de abril de 2018 y coordinado por la Fiscalía General de la Nación, del que participan los ministerios de Interior, de Educación y Cultura, de Trabajo y Seguridad Social, de Salud Pública, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Desarrollo Social.

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